Fuego, paradojas y una justicia sin cartas marcadas
Escribo estas líneas con el firme convencimiento de
que hoy en día, tal y como están las cosas, no siempre es una buena idea decir
abiertamente lo que uno piensa. Expresar una opinión incómoda en los tiempos
que corren equivale, con demasiada frecuencia, a colocar tu rostro en el centro
de una diana digital, expuesto al linchamiento sistemático en las redes
sociales. Salvando las evidentes distancias históricas, esta atmósfera de
señalamiento evoca inevitablemente aquellos tiempos oscuros en los que luchar por
la libertad en Euskadi te convertía de inmediato en objetivo prioritario de una
banda terrorista. Sin embargo, existen momentos en los que el compromiso con la
verdad y la responsabilidad pública obligan a dar un paso al frente y asumir el
riesgo.
Los hechos se desencadenaron el pasado jueves 16 de
julio. Nos encontrábamos compartiendo con los vecinos de Molina de Aragón la
celebración de sus tradicionales fiestas del Carmen. Al finalizar los actos
oficiales, emprendimos el viaje de regreso para continuar con los compromisos
de nuestra agenda institucional. Fue precisamente durante una parada en el
camino para reponer fuerzas cuando saltó la primera alarma: se había declarado
un incendio en una zona de labor dentro del término municipal de La Mierla.
A medida que avanzaba el almuerzo, las informaciones
que nos llegaban cobraban un tinte cada vez más preocupante. Las llamas habían
alcanzado masa forestal y, ante el evidente riesgo de una propagación
descontrolada, las autoridades decretaron el Nivel 1 de alerta, estableciendo
el Puesto de Mando Avanzado en Puebla de Beleña. Ante la gravedad de la
situación, decidimos modificar de inmediato nuestra ruta y dirigirnos
directamente hacia el lugar de los hechos.
Antes siquiera de llegar al punto de control, la
emergencia ya se había elevado a Nivel 2 debido a la afección directa a núcleos
de población y a la necesidad de cortar carreteras principales. El panorama que
nos encontramos al arribar era, por utilizar un término contenido, terrorífico.
Más allá de las causas que hubieran originado la chispa inicial, la prioridad
absoluta e incuestionable en ese instante era atajar el avance del fuego. Las
perspectivas eran sumamente complejas, pero afortunadamente la noche concedió
una pequeña tregua meteorológica que permitió estabilizar algunos frentes.
La segunda jornada se presentaba clave, pero las
condiciones climáticas se volvieron hostiles, acelerando la propagación y
obligando al desalojo preventivo de varios municipios. Es en situaciones de
esta magnitud cuando uno toma conciencia real del valor incalculable que poseen
los servicios de extinción y la coordinación de emergencias. El despliegue de
recursos humanos y técnicos sobre el terreno era verdaderamente impresionante,
configurando un hervidero de personal y maquinaria destinado sin descanso a sofocar
la catástrofe.
Sin embargo, conforme pasaban las horas, empezó a
dibujarse una preocupante paradoja: el incendio en sí mismo parecía dejar de
ser el foco principal de atención para convertirse en el epicentro de un debate
de otra índole. Cabe preguntarse si, de haberse producido este mismo siniestro
en una zona distinta y bajo otras circunstancias ajenas a una explotación de
labor, el revuelo mediático y político habría sido el mismo. Probablemente no,
y ahí radica la tremenda contradicción de este escenario.
Es evidente que, mientras las llamas sigan activas, no
es el momento de buscar culpables ni de dirimir responsabilidades políticas; es
el momento único de arrimar el hombro porque en la extinción jamás sobran
manos. Ahora bien, una vez que el peligro haya cesado y la tierra esté fría,
será del todo legítimo y necesario plantear ciertas preguntas en los foros
correspondientes. Si en el momento de declararse el incendio toda la actividad
y la maquinaria cumplían escrupulosamente con la normativa legal y las restricciones
vigentes, ¿cuál es exactamente el problema? ¿A qué responde este ruido
ensordecedor?
Cuando se genera una tormenta política de este
calibre, la ciudadanía inevitablemente percibe la incómoda sensación de que se
intenta ocultar algo detrás de la humareda. Respecto a este extremo, mantengo
una absoluta tranquilidad de espíritu. En estos tiempos donde la acción de la
justicia se invoca constantemente en el debate público, me reafirmo como un
ferviente defensor de la independencia del poder judicial y del respeto
escrupuloso a las resoluciones de los tribunales.
Lo único que despierta mi profunda preocupación es la
sospecha latente de que el rasero de la exigencia varíe en función de a quién
se esté juzgando. Y por ahí, sinceramente, no podemos pasar. Como bien sostiene
el sabio refranero popular, ante la ley debemos estar “o todos con pelo o todos
calvos”. La justicia en una democracia plena no puede aplicarse nunca a la
carta ni diseñarse a la medida del investigado, dependa de quien dependa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario